La próxima designación de la magistratura del Tribunal Electoral de Tlaxcala no será un proceso técnico, ni mucho menos imparcial. Será una lucha frontal entre dos mujeres con poder y ambiciones claras: la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quienes buscan, cada una desde su trinchera, el control del órgano jurisdiccional que definirá buena parte del rumbo político del estado rumbo a 2027. 

Ambas han movido sus piezas. Lorena Cuéllar impulsa a dos de sus más cercanos operadores: Gustavo Tlatzimatzi Flores, actual titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), y Jaime Martínez Sánchez, jurídico de la Secretaría de Gobierno, un perfil colocado e impulsado por el morelense Luis Antonio Hernández. En ellos deposita la mandataria su esperanza de mantener un tribunal leal a sus intereses y al proyecto de continuidad política que pretende construir desde Palacio de Gobierno. 

Del otro lado, Ana Lilia Rivera juega su propia carta: Emanuel Montiel Flores, su ex secretario técnico en el Senado, a quien pretende colocar como magistrado electoral. No se trata de una apuesta menor. 

Ana Lilia Rivera sabe que controlar al Tribunal Electoral de Tlaxcala le permitiría construir una base jurídica sólida para su eventual candidatura al gobierno del estado. Su estrategia apunta a desplazar al actual presidente, Miguel Nava Xochitiotzi, a quien ella misma hizo magistrado, pero que hoy enfrenta un desgaste profundo por sus decisiones cuestionadas, sus fallos controvertidos y sus presuntos abusos en el manejo de recursos públicos. 

El intento de Miguel Nava por reelegirse luce más como un acto de desesperación que como una aspiración legítima. Carece del respaldo político de Rivera y despierta el rechazo de amplios sectores por su parcialidad en casos recientes. 

Así, mientras en el Senado se revisan expedientes y se preparan comparecencias virtuales, en Tlaxcala se cocina una verdadera batalla por el poder judicial electoral, donde el mérito y las capacidades, será lo de menos. 

Pero ambas no alcanzan a dilucidar que lo que está en juego no es un asiento más en el TET, sino la capacidad de influir en los comicios municipales y en la disputa por la gubernatura, cuando Tlaxcala necesita de gobernabilidad electoral. 

El Tribunal Electoral se ha convertido, una vez más, en el tablero donde los intereses políticos chocan con la institucionalidad. Y el problema no es quién gane esta pugna, sino que Tlaxcala necesita justicia electoral, no operadores disfrazados de magistrados. 

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