La muerte de Carlos Manzo, de Uruapan, Michoacán, develó una vez más la vulnerabilidad en la que se encuentran los alcaldes del país. 

En la era de Morena, en el poder federal, han sido asesinados 87 presidentes municipales, por afectar intereses políticos o criminales. 

Los alcaldes se han convertido en el eslabón más débil, pues no cuentan con los equipos suficientes para garantizar su seguridad. 

En un afán de lavarse las manos, el gobierno de Claudia Sheinbaum difundió que se destinaron 14 elementos para cuidar al alcalde de Uruapan. 

Mala estrategia de comunicación, pues si la Guardia Nacional no es capaz de proteger a las autoridades en peligro, qué se esperan los ciudadanos. 

El gobierno de la República no quiere admitir que grupos de la delincuencia organizada controlan varias regiones del país. Y que mientras se siga solapando gobernadores relacionados con grupos criminales, la violencia no terminará. 

Ahí está Sinaloa, donde mal gobierna Rubén Rocha Moya, y donde se registran asesinatos a diario. O el estado de Tabasco, el cual se entregó a “La Barredora”, desde la era del senador y líder de la bancada de Morena, Adán Augusto López. 

Ahora tocó arder a Michoacán, con el asesinato de Carlos Manzo, que despertó el hartazgo social con sobrada razón. 

La inseguridad que se registra en esa entidad no es de ahora, pues desde siempre se han dado casos que han horrorizado al país. Pero el asesinato del alcalde de Uruapan está despertando a ese México bronco que está sediento de justicia. 

Carlos Manzo tenía arraigo social, pues nunca se cansó de denunciar a los grupos criminales y sus relaciones con el poder. Uno de sus adversarios políticos era el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a quien su renuncia. 

Lo que sucede en Michoacán prende los focos rojos sobre las condiciones en las que operan los presidentes municipales del país. 

Pese a que es la autoridad que tiene el primer contacto social, no cuenta con equipo suficiente que garantice su seguridad, como los gobernadores.

Bajo amenazas, muchos alcaldes han sido víctimas de extorsión y los han obligado a ceder las áreas de seguridad y obras públicas. 

Los que se resisten, ya sabemos lo que les sucede a ellos o a sus familiares, por eso muchos no denuncian. 

Victortamayo5@hotmail.com