Una dimensión conceptual sobre este tema podría iniciar con el concepto de delito, en términos generales. Delito es, disponen los teóricos del derecho penal, un acto u omisión que sancionan las leyes penales. En consecuencia, habría que señalar que el Poder Legislativo Federal y el de las entidades federativas, han aprobado una serie de leyes que prevén múltiples delitos y sanciones por diversos supuestos o actos en contra de la ley que pudieran cometer los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ejemplo, encontramos todo un Título IV, dedicado a las Responsabilidades de los Servidores Públicos. Las cuales podemos definir como:

Responsabilidad Política (Juicio Político).

Responsabilidad Administrativa.

Responsabilidad Penal (Declaración de Procedencia).

Responsabilidad Civil.

Además, Revocación de Mandato y Extinción de Dominio.

A lo anterior, debemos agregar el Sistema Anticorrupción, en el cual, se han establecido normas jurídicas que buscan, combatir actos deshonestos, sin moral y con nula racionalidad.

Sobre el mismo tema, habrá que decir que en los códigos penales, antes en todas las entidades federativas y federal, hoy Código Penal Federal y Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece un catálogo de delitos que posiblemente cometen los Servidores Públicos, de todos los niveles de gobierno, por ejemplo: ejercicio ilícito de servicio público, tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho, coalición de servidores públicos, peculado, uso indebido de atribuciones y cohecho a servidores extranjeros entre otros delitos y responsabilidades.

Desde luego, el marco jurídico es una construcción que llega al extremo para atender fenómenos incomprensibles en materia de servidores públicos. No obstante, la ley como siempre no es suficiente, ya que no se ha logrado combatir la corrupción y otros fenómenos o delitos que dañan el patrimonio de la sociedad, impiden su desarrollo y crecimiento deseado. La falta de profesionalización y la ausencia de principios y valores a la hora de gobernar, son una problemática real.

Como ciudadanos pensamos que los servidores públicos, en especial los municipales, al ser producto de la propia comunidad que gobiernan, estarían investidos de responsabilidad, honradez y su actuación seria con una autentica moral de servicio público. Lamentablemente esto no es así, no obstante, la gran cantidad de normas que deberían inhibir a los malos gobiernos, resulta en la práctica todo lo contrario, el discurso es una cosa y los hechos resultan incomprensibles. Las instituciones encargadas de aplicar la ley y vigilar el cumplimiento eficaz de los servidores públicos, al ser juez y parte, pierden su naturaleza y su razón de ser. Si bien sobran normas que regulan múltiples actos u omisiones de los servidores públicos, la cultura jurídica y de legalidad es cuestionada en extremo. A lo anterior, había que agregarle el desconocimiento sustantivo y adjetivo de la ley penal y de las leyes administrativas de parte de la mayoría de los ciudadanos que desconocen las reglas y procedimientos que les permita exigir a todo servidor público: rendición de cuentas, publicación obligatoria de los índices de gestión, planes, proyectos y programas de gobierno, entre otros instrumentos, actos u omisiones llevadas a cabo por los servidores públicos, en este caso, municipales.

Son muy pocos los que visualizan un verdadero gobierno municipal reconociendo sus tres elementos fundamentales, población, territorio y gobierno. Son escasos los proyectos de gobierno municipal que cuentan con un plan de gobierno que propicie gobernabilidad, crecimiento y desarrollo, si esto es así, significa que existe capacidad de gobierno. No obstante, la modernidad y la posmodernidad, hay un alto porcentaje de municipios en México que no han alcanzado niveles de eficiencia y eficacia que pongan al municipio dentro del concepto E-gobierno o gobierno electrónico. Otro elemento fundamental que detiene el desarrollo y el crecimiento municipal es la presencia de distintas ideologías dentro del cabildo, que al no ser despojadas en bien de la colectividad se fragmenta el poder para la solución de problemas comunes.

No obstante, todo el complejo jurídico, no se ha logrado cumplir con los objetivos por los cuales se han aprobado estas normas. Es claro que el anterior fenómeno conlleva un reto institucional, normativo, pero sobre todo cultural; en tanto no iniciemos una educación con valores y principios de las nuevas generaciones, no tendremos servidores públicos que actúen con una alta moralidad; en tanto no reglamentemos el derecho a votar y ser votado seguirán ocupando los cargos de elección popular, cualquier ciudadano; en tanto los partidos políticos no activen sus programas de formación política y capacitación en administración pública municipal no tendremos administraciones exitosas; en tanto no se constituyan escuelas de gobierno que ofrezcan ciencias, disciplinas, y técnicas de gobierno el problema de la ineficacia, ausencia de resultados, crecimiento y desarrollo de los municipios seguirá pendiente. El desconocimiento de la ley y la falta de profesionalización de la responsabilidad municipal trae como resultado la comisión de los supuestos previsto en la norma jurídica que se han mencionado con anterioridad.