Existe un fenómeno electoral que se repite cada tres o seis años, el cual tiene una serie de efectos negativos, no solo para la democracia, sino también a la hora de gobernar, brindar servicios de mala calidad, corrupción, ignorancia, ausencia de capacidad técnica, entre otros muchos resultados negativos. El problema fundamental de este fenómeno radica principalmente en la falta de reglamentación de diversos artículos constitucionales y de diversas leyes secundarias en materia electoral.

En principio, la constitución mexicana, reconoce el derecho humano a votar y ser votado en el artículo 35 del mismo ordenamiento constitucional. El problema radica, en términos legales, en que este principio constitucional no se ha reglamentado, estableciendo cómo y de qué forma o mediante qué acciones, políticas o programas se podrá garantizar el Derecho Humano a Buenos Gobiernos.

Al respecto, se requiere de un diagnóstico sistémico que permita conocer con precisión de quienes depende que tengamos Buenos Gobiernos, es decir, cuáles son los actores involucrados en el problema, de tal suerte que se establezcan las estrategias y acciones correspondientes para atacar las causas verdaderas del problema que se plantea. Un primer Actor fundamental, es sin dudad el Poder Legislativo, el cual por su propia naturaleza, le corresponde analizar la viabilidad de las reformas o adiciones a las normas constitucionales y de leyes secundarias, en este caso en materia electoral. Otro Actor destacado es sin equivocarnos, los Partidos Políticos, quienes a atreves de sus Grupos Parlamentarios, debería presentar las iniciativas correspondientes para establecer normas que regulen los principios constitucionales, en este caso regular el Derecho Humano a Votar y ser Votado.

Uno más de los Actores que influyen en este problema se trata de la misma ciudadanía, al no exigir Buenos Gobiernos. El ciudadano contemporáneo piensa que votar es suficiente y no se involucra más en los temas que podría fortalecer la actuación de los servidores públicos. Desconocen que mediante su voto se les otorga dinero público y poder, los cuales, si bien mediante normas secundarias existen obligaciones de rendición de cuentas y transparencia en su ejercicio, existe también un sistema que no es eficaz a la hora de someter a un procedimiento o juicio a un servidor público injusto. El planteamiento es claro en dos temas fundamentales.

Reglamentar el artículo 35 constitucional, el cual señala el derecho de votar y ser votado, mediante obligaciones a quienes aspiran a gobernar con requisitos que deberá probar como una alta formación ética y moral, capacidad política, capacidad de gobierno y conocimiento de diversas ciencias, cuando menos lo básico en administración pública, economía, planeación gubernamental, derecho, ciencia política y sociología. El otro tema fundamental, es como obligar a los ciudadanos a votar el día de las elecciones, si bien el artículo 36 existe el principio de votar en las elecciones con una obligación de los mexicanos, este artículo tampoco está reglamentado para garantizar la participación total de los ciudadanos. Cabe mencionar que, en diversos países latinoamericanos, votar es una obligación y al no hacerlo, se aplica una sanción.

Sin duda es una buena idea establecer una sanción para todos los mexicanos que no votan. La vinculación puede darse a la hora de hacer algún trámite administrativo o cuando se solicite un servicio a cargo del gobierno, en sus tres niveles, o bien cuando se exija un derecho, la solicitud del trámite o procedimiento deberá acompañar con prueba fehaciente que voto en las elecciones inmediatas anteriores. Voto obligatorio para todos los mexicanos y formación en temas de gobierno para quienes aspiran a gobernar o ser servidores públicos.