(Alexis P. González) Una violenta escena se vivió la tarde de este jueves 25 de junio en la comunidad de San Antonio Tizostoc, municipio de Ixtacuixtla, luego de que sujetos armados irrumpieran en un domicilio para golpear a una mujer de la tercera edad y robarle un baúl que contenía una fuerte suma de dinero y documentos de terrenos.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 13:00 horas. De acuerdo con los testimonios, al menos cuatro sujetos con vestimenta oscura que viajaban a bordo de dos motocicletas ingresaron por la fuerza a la vivienda de la víctima.

Los delincuentes arremetieron a golpes contra doña Marina N., de aproximadamente 70 años de edad, dejándola con el rostro ensangrentado y diversas laceraciones en los brazos. Los hampones hurgaron en cada rincón y pusieron la casa "patas arriba" hasta encontrar un baúl de madera que resguardaba el efectivo y las escrituras, para después huir a toda prisa.

Trascendió que el violento atraco podría tener su origen en una disputa familiar por la herencia. Esta es la segunda ocasión en que la adulta mayor es blanco de la delincuencia en su propio hogar.

Paramédicos de Protección Civil arribaron para estabilizar a la adulta mayor, quien debido a la gravedad de sus lesiones tuvo que ser trasladada de urgencia a la clínica del ISSSTE en San Gabriel Cuauhtla, Tlaxcala. Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y policías municipales tomaron conocimiento del hecho para iniciar las indagatorias, sin que se reporten detenidos.

Este violento asalto a mano armada deja en evidencia la severa crisis de seguridad que azota a la demarcación. Sin embargo, en lugar de combatir a la delincuencia y frenar las probables extorsiones en sus filas, el gobierno municipal parece tener otras prioridades.

Apenas esta semana, el alcalde de Ixtacuixtla, Alberto Hernández Olivares, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el medio digital Antena Tlaxcala. El edil, a través de sus asesores, es acusado de lanzar amenazas y orquestar una campaña de desprestigio en redes sociales contra los comunicadores, en un claro intento de censurarlos y exigirles que "bajen" las notas periodísticas que, precisamente, exhiben la ola de criminalidad que su administración no ha podido contener.

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