Lo sucedido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando el martes 4 de noviembre caminaba por calles céntricas de la Ciudad de México para dirigirse a la Secretaría de Educación Pública y fue víctima de acoso sexual por parte de un hombre que posteriormente fue detenido, da motivo a reflexiones que son importantes exponer en este espacio.

En primer lugar, pese a la perspectiva de género que se supone prevalece en las instituciones y en la política en nuestro país, es lamentable que en su mezquindad algunos actores políticos hayan señalado, después del hecho, que la agresión fue o era parte de un “montaje”. Tal minimización del acto pone en el centro de la discusión que los cuestionamientos sean de nuevo hacia la mujer que fue víctima del delito.

En primer lugar, lo que esta reflexión busca es no revictimizar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que puede darse de distintas formas, tales como no creer en el delito denunciado, cuestionar o incluso revivir una y otra vez el episodio violento. Ese ha sido el motivo por el cual ella ha condenado la viralización del video y su reproducción en redes sociales y medios de comunicación. Lo sucedido, sin embargo, nos exige varias reflexiones.

Claudia Sheinbaum Pardo es una figura pública que representa a un país entero, sin embargo, eso no la exime de ser víctima de un delito que acecha a muchas mujeres. La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, evidencia que el 45.6% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual en espacios públicos.

Tan solo en lo que va de este año, 9 mil 930 mujeres han reportado episodios de acoso u hostigamiento sexual en nuestro país, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Y es la Ciudad de México donde concentra el mayor número a nivel nacional con un total de 1,107 casos.

De ese tamaño es la problemática de este delito. Por ello hay que ponderar que la presidenta haya presentado formal denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y que solicitara a la Secretaría de la Mujer revisar si el acoso sexual está tipificado como delito penal en todas entidades federativas del país, además de promover una campaña nacional para visibilizar el problema.

Efectivamente, como lo dijo nuestra presidenta: “Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, nadie”. Y como también lo afirmó la Oficina de Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres en México, al calificar el hecho como una violación a los derechos humanos: toda forma de acoso, hostigamiento o abuso constituye un delito que debe ser sancionado y erradicado. La violencia contra las mujeres no puede normalizarse ni minimizarse. Si tocan a una, respondemos todas.

En el Senado de la República, legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos cerramos filas para refrendar y acompañar la lucha de todas las mujeres que combaten el acoso, la violencia y el machismo.

En los últimos años hemos realizado diversas reformas constitucionales que han fortalecido los derechos de las mujeres:

1) Paridad en todo para garantizar que el 50 % de los cargos públicos en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes recaiga en mujeres, consolidando el principio de paridad transversal en el ejercicio del poder político; 2) prisión preventiva oficiosa en delitos de violencia sexual y feminicidio, ampliando el catálogo de delitos para incluir feminicidio, violación, trata de personas y abuso sexual infantil; 3) reconocimiento de pueblos y comunidades afromexicanas, incorporándolas como parte de la composición pluricultural de la nación y garantizando su inclusión e igualdad.

4) Derechos de la juventud, en el sentido de que el Estado debe promover el desarrollo integral de las personas jóvenes, propiciando su inclusión con perspectiva de género; 5) medida 3 de 3 en materia de violencia, a fin de suspender derechos políticos a quienes hayan sido condenados por delitos de violencia familiar, sexual o deudores alimentarios.

6); igualdad sustantiva y erradicación de la brecha salarial, al incorporar la obligación del Estado de garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres, estableciendo fiscalías especializadas en delitos de género y mecanismos para eliminar la brecha salarial; 7) Lenguaje inclusivo en la Constitución para sustituir las referencias al “Presidente de la República” por “la persona titular de la Presidencia”, e introduciendo lenguaje no sexista en el texto constitucional.

Lo anterior, además de reformas a diversas leyes. En próximos días nos reuniremos con la Comisión de Igualdad de Género para fortalecer acciones que garanticen una vida libre de violencia para todas y todos. Todas las instituciones públicas y privadas debemos contribuir a erradicar, con efectividad, la violencia de género en nuestro país. Pero no sólo se requiere el compromiso institucional, sino también el de todas las personas, hombres y mujeres para reforzar los mecanismos de protección y prevención.

Porque como bien lo dijo Sheinbaum Pardo. “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en el país?”.

Ana Lilia Rivera Rivera

Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala