* La senadora tlaxcalteca sostiene que la política de seguridad del gobierno federal prioriza la paz, la atención a las causas y la soberanía nacional.

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera expresó su respaldo a la política de seguridad del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que la estrategia federal para combatir al crimen organizado está basada en la construcción de la paz, el fortalecimiento institucional y la atención de las causas sociales de la violencia.

La legisladora rechazó de manera categórica las declaraciones del gobierno de Estados Unidos en las que se afirma que México es el epicentro de los cárteles del narcotráfico. Rivera Rivera sostuvo que tales afirmaciones desconocen los avances y el enfoque integral que ha impulsado la actual administración para enfrentar a la delincuencia organizada.

La senadora subrayó que la estrategia nacional de seguridad impulsada por la mandataria federal combina acciones operativas de inteligencia y coordinación entre instituciones con una política social orientada a atender las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social. Este modelo, dijo, busca consolidar una paz duradera sin subordinación a intereses externos y con pleno respeto a la soberanía del país.

En ese contexto, destacó que el gobierno federal ha fortalecido la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, además de impulsar programas sociales y políticas públicas dirigidas a jóvenes y comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad, como parte de una estrategia integral para debilitar las bases sociales del crimen organizado.

Ana Lilia Rivera también reiteró su respaldo a la iniciativa de reforma electoral promovida por la presidenta Sheinbaum Pardo y apoyada por Morena, pues coloca la transformación democrática del país como una prioridad para consolidar el cambio de régimen impulsado por el Movimiento.

La senadora afirmó que tanto la política de seguridad como la reforma electoral forman parte de un mismo proyecto de transformación nacional que busca fortalecer la vida democrática, garantizar la justicia social y consolidar un Estado más cercano a la ciudadanía.