En días recientes, el país ha sido testigo de un episodio que, más allá de la coyuntura, nos obliga a reflexionar con serenidad sobre los principios que sostienen nuestra vida pública: la legalidad, la coordinación institucional y la defensa de la soberanía nacional.

La presencia de agentes de la CIA en el estado de Chihuahua, sin apego a los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, no debe entenderse como un hecho aislado ni como un motivo para la confrontación política. Es, en esencia, un asunto de legalidad. Así lo ha expresado con claridad la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que no se trata de un desafío a su gobierno, sino de una violación a la ley que debe ser esclarecida por las autoridades estatales.

Las normas que regulan la colaboración con gobiernos extranjeros existen precisamente para garantizar que dicha cooperación se dé bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación. Estos no son simples enunciados diplomáticos, son la base de una relación internacional digna y equilibrada.

Por ello, es pertinente reconocer la firmeza de la presidenta al solicitar explicaciones. Su postura no sólo es correcta desde el punto de vista jurídico, sino también necesaria en un contexto global donde las fronteras entre la cooperación y el injerencismo pueden diluirse si no se actúa con claridad. Defender la soberanía no implica cerrar puertas al mundo, pero sí establecer con precisión las condiciones bajo las cuales se construyen las alianzas.

En esa lógica, resulta relevante la decisión de la presidenta de enviar una comunicación formal a las y los gobernadores del país para reiterar la obligación de cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional en cualquier vínculo con agencias extranjeras. El mensaje es claro, en el sentido de que toda colaboración en materia de seguridad con gobiernos de otros países debe sujetarse, sin excepción, a los cauces institucionales definidos por el Estado mexicano.

La orientación también es precisa en términos operativos: cualquier coordinación de esta naturaleza debe realizarse con conocimiento y acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del Gabinete de Seguridad federal. No se trata de centralizar decisiones, sino de garantizar que exista información, control institucional y plena legalidad en acciones que, por su naturaleza, impactan directamente en la soberanía nacional.

Por lo pronto, es importante valorar la apertura mostrada por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien tras el diálogo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, manifestó su disposición a trabajar de manera coordinada con el gobierno federal. Su reconocimiento de la necesidad de fortalecer los canales de comunicación institucional y su coincidencia en que la seguridad debe atenderse en un marco de respeto a la ley, son señales positivas que deben abonarse al entendimiento.

Como lo ha dicho la presidenta, México ha avanzado en su Estrategia Nacional de Seguridad con resultados que comienzan a reflejarse en la reducción de la violencia y en la percepción ciudadana. Estos logros no son menores y deben cuidarse evitando acciones que vulneren la confianza institucional. La cooperación internacional, particularmente con Estados Unidos, es indispensable, pero debe darse siempre bajo las reglas que el propio Estado mexicano ha definido.

La soberanía, como lo establece nuestra Constitución, dimana del pueblo. No es un concepto abstracto, sino un principio vivo que orienta las decisiones públicas. En ese sentido, corresponde a todas las autoridades, sin excepción, honrar el mandato que asumieron al tomar protesta: cumplir y hacer cumplir la ley.

Lo ocurrido en Chihuahua debe servir como un punto de inflexión para fortalecer la coordinación, mejorar la comunicación entre niveles de gobierno y reafirmar un principio fundamental: en México, la colaboración es bienvenida, pero siempre dentro del marco de nuestra Constitución.

Actuar con responsabilidad institucional, reconocer los errores y corregir el rumbo es la mejor manera de honrar a las y los mexicanos. En ello coincidimos quienes creemos en un proyecto de transformación que pone en el centro la dignidad nacional, la legalidad y la cooperación con el mundo, sin renunciar nunca a nuestros principios.

Ana Lilia Rivera Rivera

Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala