Un gobierno está reprobado cuando le falla a su pueblo, afirma Ana Lilia Rivera
· La senadora con licencia afirmó que el humanismo mexicano de la Cuarta Transformación exige colocar al ser humano en el centro de las decisiones públicas y garantizar primero los derechos fundamentales de las familias.
La senadora
con licencia Ana Lilia Rivera Rivera afirmó que un gobierno está reprobado
cuando es incapaz de garantizar a la población el acceso a los servicios más
elementales, pues ninguna gran obra pública puede justificar que las personas
sufran o incluso pierdan la vida por la falta de agua, atención médica,
seguridad o cualquier otro derecho básico.
Durante los
encuentros ciudadanos que sostuvo este viernes y sábado en San Cosme
Mazatecochco y Amaxac de Guerrero, como parte del recorrido que mantiene por
comunidades y municipios de Tlaxcala, la legisladora sostuvo que el ejercicio
del poder sólo tiene sentido cuando coloca al ser humano en el centro de todas
las decisiones públicas.
Ante
simpatizantes y habitantes de ambas demarcaciones, Rivera Rivera aseguró que la
prioridad de toda autoridad debe ser atender las necesidades fundamentales de
la población antes que privilegiar proyectos que no impacten directamente en la
calidad de vida de las familias.
"Lo
primero es que la gente tenga agua en sus hogares, alumbrado en sus calles,
acceso a la salud, buena educación, seguridad para vivir en paz y espacios para
la cultura. Esa debe ser la prioridad de cualquier autoridad", expresó.
En ese
sentido, enfatizó que el desarrollo de un estado o de un municipio no puede
medirse únicamente por la cantidad de gran infraestructura construida, sino por
el bienestar que experimentan las personas en su vida cotidiana. "Podremos
tener grandes obras, pero si la gente sufre, incluso muere, por no tener lo más
elemental, entonces ese gobierno está reprobado", sostuvo.
La senadora
con licencia explicó que esa visión corresponde al humanismo mexicano que
impulsa la Cuarta Transformación, una forma de gobernar que privilegia la
dignidad de las personas, el acceso efectivo a los derechos y la justicia
social como principios para la toma de decisiones públicas.
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