Sigue la polémica por la mega carpa que se instaló en la Casa de Gobierno para armar paquetes de propaganda electoral.

El vocero Antonio Martínez Velázquez informó que la gobernadora Lorena Cuéllar instruyó investigar y sancionar al responsable.

Y pidió que se denuncien a las brigadas y servidores públicos que sean coaccionados para participar en la interna de Morena.

Nada de lo que dijo el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, tiene sentido.

Para empezar, nadie cree que la gobernadora Lorena Cuéllar no supiera de la existencia del mega cuartel de campaña en su propia casa.

¿Quién va a investigar y sancionar a los mapaches electorales de Morena?

Acaso, la fiscal general del Estado, Ernestina Carro, va a ir en contra de la gobernadora que la impuso en el cargo.

Acaso, la dirigencia nacional de Morena, la que ha quedado rebasada, va a sancionar esas prácticas fraudulentas.

Acaso, los organismos electorales -ITE y TET-, controlados por Palacio de Gobierno, finalmente se van a quitar la venda de los ojos y actuar.

Más bien, lo que Antonio Velázquez quiso decir es que la gobernadora instruyó investigar y sancionar a quiénes filtraron las imágenes.

Ahí si tiene sentido la versión oficial de que solo tres personas fueron sancionados, sin dar a conocer los nombres y los cargos.

Porque si en verdad quisieran investigar, las autoridades responsables hubieran acordonado el búnker donde se cometió el delito.

Y se hubieran llamado a declarar a las más de diez personas que aparecen en fotos rellenando bolsas de propaganda electoral.

Ello incluye a los policías que resguardan la Casa de Gobierno, por permitir el ingreso de las decenas de cajas del material político.

En los hechos, ahí se cometió un delito electoral, por el uso de instalaciones públicas y la coacción de servidores públicos, que no debe quedar impune.