* Recriminan la incongruencia de la titular del Ejecutivo que destina recursos en viajes y ‘politiquería’ antes de cumplir el compromiso que asumió desde su campaña para que su situación se resolviera.

Ex trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) se manifestaron este viernes a las afueras de la Dirección General del subsistema, ubicada en la capital del estado, para exigir el pago de laudos laborales que la dependencia se niega a cumplir pese a que ha transcurrido más de una década desde su despido “injustificado”.

Los inconformes, quienes tendrían más de 11 años de haber sido cesados de manera abrupta de sus labores en áreas administrativas de dicho subsistema, señalaron que el director general, José Alonso Domínguez Trujillo, ha mostrado poca o nula disposición para dar solución al problema, e incluso ha insinuado presuntas influencias ante la autoridad laboral para afectar a los demandantes.

Con pancartas en mano, criticaron la “necedad” del gobierno estatal por imponer en el cargo a funcionarios oriundos de otros estados, lo que, afirmaron, ha sido una de las causas de ingobernabilidad, malos resultados y una cuestionable operatividad en todas las áreas, pues “se trata de personajes sin ningún apego o sentido de pertenecía por Tlaxcala y su gente”, además de que han mostrado que carecen de aptitudes para los cargos ostentados.

Asimismo, reprocharon que la titular del Poder Ejecutivo, Lorena Cuéllar, privilegie realizar una serie de viajes con beneficios cuestionables y haciendo un dispendio de recursos a cumplir con los compromisos que adquirió desde 2016, cuando prometió atender y solucionar la problemática de más de 40 ex trabajadores cesados en la administración de Enrique Padilla Sánchez como director de Cobat, y quien, recordaron, incluso sigue en la nómina estatal con la aprobación de la incongruente mandataria.

Detallaron que el propio Director General del Cobat ha reconocido que se trató de despidos injustificados y que los quejosos tendrían el legítimo derecho de proceder ante dicha arbitrariedad; sin embargo, sólo ha ofrecido el 30 por ciento de la suma monetaria que les corresponde, lo que habría sido rechazado por los demandantes, que exigen se respeten sus derechos y recursos ganados.

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