Las instituciones democráticas, en ningún país del mundo, son una obra terminada. Requieren revisión permanente, capacidad de adaptación y voluntad para corregir aquello que impide que respondan plenamente a las necesidades de la sociedad.

Por eso, el periodo extraordinario de sesiones que celebrará el Congreso de la Unión a partir de la próxima semana, representa mucho más que una agenda legislativa: es la continuación de un proceso de transformación respaldado por millones de mexicanas y mexicanos que decidieron construir un país con instituciones más cercanas al pueblo y menos subordinadas a privilegios o intereses particulares y de grupo.

Los temas que discutiremos tienen un objetivo común, que es el de fortalecer la vida democrática del país y consolidar cambios que permitan que el poder público responda cada vez más a la voluntad popular. No se trata únicamente de modificar leyes o ajustar procedimientos, sino de perfeccionar mecanismos que garanticen una representación más íntegra, una justicia más accesible y una democracia protegida frente a cualquier intento de distorsión o intervención.

Uno de los asuntos centrales será la adecuación de distintos ordenamientos relacionados con la reforma judicial. Se trata de cambiar la fecha de elección para trasladarla al 4 de junio de 2028, con el objetivo de dar certeza jurídica y operativa a un proceso inédito mediante el cual la ciudadanía participará de manera directa en la elección de quienes integrarán diversos órganos jurisdiccionales.

Recordemos que, durante décadas, amplios sectores de la población percibieron al sistema de justicia como una estructura distante y poco sensible a las demandas de la gente. La democratización del Poder Judicial responde precisamente a la necesidad de acercar la justicia a quienes históricamente se sintieron excluidos de ella y de fortalecer la legitimidad de las instituciones encargadas de impartirla.

También analizaremos reformas orientadas a fortalecer la integridad de las candidaturas a cargos de elección popular. Sabemos que la representación política constituye una de las mayores responsabilidades dentro de la vida pública, por lo que quienes aspiran a ejercerla deben acreditar no solamente capacidad para gobernar o legislar, sino una conducta congruente con los principios de legalidad, honestidad y servicio a la comunidad.

La ciudadanía tiene derecho a exigir que quienes solicitan su confianza cuenten con los perfiles éticos adecuados para representar el interés colectivo, y el Estado tiene la obligación de generar instrumentos que contribuyan a garantizarlo.

Otro tema relevante será el fortalecimiento de las medidas destinadas a proteger la soberanía nacional y la integridad de nuestros procesos democráticos. México ha sostenido históricamente una posición firme en defensa de la autodeterminación de los pueblos y de la no intervención en los asuntos internos de las naciones. Esa convicción mantiene plena vigencia en el presente, lo que se traduce en que las decisiones sobre el rumbo político del país corresponden exclusivamente al pueblo de México y deben tomarse sin presiones externas, sin condicionamientos ajenos al interés nacional y con pleno respeto a nuestra independencia como nación soberana.

Cada una de estas reformas forma parte de una misma visión de país: instituciones más transparentes, autoridades más responsables ante la ciudadanía y mecanismos democráticos capaces de responder a las exigencias de nuestro tiempo.

Esta agenda representa el ejercicio legítimo de una mayoría democrática que decidió impulsar cambios para ampliar derechos, combatir prácticas excluyentes y fortalecer la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Quienes integramos el Poder Legislativo sabemos que las decisiones que tomaremos durante este periodo extraordinario no deben evaluarse únicamente por su impacto inmediato, sino por su capacidad para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y consolidar una democracia cada vez más participativa, incluyente y cercana a la gente. Esa es la responsabilidad que hoy nos exige el pueblo de México y es la que asumo con plena convicción desde el Senado de la República.

Ana Lilia Rivera Rivera

Senadora de la República por Tlaxcala