Señalan al ejecutivo de modificar cifras en periódico oficial para reducirles ingresos.

Documentos a los que tuvo acceso Cuarto de Guerra, revelan que, al menos dos municipios de Tlaxcala promovieron una controversia constitucional ante ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que el gobierno del estado, cometió agravio en contra de las comunas al publicar en el periódico oficial, cifras distintas a las autorizadas por la federación en el presupuesto de egresos 2019.

Dichos actos señalan, impactó en los porcentajes y cuantías económicas recibidas por cada municipio, al sostener que fue ilegal la estimación de las participaciones federales de Tlaxcala publicadas en el periódico oficial con fecha del 8 de febrero del 2019, así como ilegal la distribución de las participaciones del fondo estatal participable para los municipios de Chiautempan y Apizaco.

La controversia constitucional promovida ante la SCJN, con fecha de marzo del 2019, exige se aclaren las diferencias entre las cifras por concepto de participaciones federales autorizadas para Tlaxcala por un monto de 470, 449, 558 millones y las cuantías publicadas por la Secretaría de Finanzas de Tlaxcala en el periódico oficial por 446, 148, 710 millones, al menos 24 millones menos de los recibidos por la entidad para ser distribuidos entre los 60 municipios del estado.

Fueron las comunas de Chiautempan y Apizaco, quienes solicitaron a la Suprema Corte, se revisen los datos de la controversia que pasará a lectura en los próximos días, donde magistrados determinarán conceder o no la razón a los demandantes.

De ser favorable para los municipios que demandan al ejecutivo, la Secretaría de Finanzas deberá depositar a las arcas municipales 10 millones 869 mil 325 pesos más intereses a Chiautempan y poco más de 18 millones a la ciudad de Apizaco.

También y de forma histórica, el ejecutivo se vería obligado a la corrección de su periódico oficial con las cifras correctas del fondo estatal participable, hecho que modificaría los porcentajes de participación a los que serían acreedores también el resto de municipios y entes como el Tribunal Superior de Justicia y el propio Congreso del Estado.