Este miércoles, pobladores de San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan, marcharon por las calles del centro de la capital tlaxcalteca para exigir la liberación de Saúl N y Raymundo N, quienes permanecen recluidos en el Centro de Reinserción Social por el delito de homicidio calificado, derivado de los hechos violentos ocurridos hace casi un año, el 15 de abril de 2022, donde un sujeto fue linchado tras ser acusado de robo.

Poco después de las 09:00 horas de hoy, más de un centenar de personas se concentró en el asta bandera del bulevar Guillermo Valle, para luego marchar hacia el Palacio de Gobierno.

A su arribo a la sede del Poder Ejecutivo, los manifestantes exigieron ser atendidos por la gobernadora del estado, a quien señalaron de ignorarlos y desestimar por lo menos tres solicitudes de audiencia formuladas por particulares desde el mes de junio pasado.

Insistieron en la inocencia de quien fungía como presidente de comunidad y de quien se desempeñaba como mayordomo y era un líder social en la comunidad. A decir de los pobladores, ya se han aportado decenas de pruebas de su inocencia; sin embargo, se han aplazado las audiencias y términos legales para mantenerlos privados de su libertad por intereses de las autoridades.

Al no ser recibidos por ninguna persona en la sede del Ejecutivo, los quejosos optaron por seguir su camino hacia el Cereso, ubicado en la colonia la Loma Xicohténcatl, donde insistieron en la liberación de sus familiares y vecinos.

Relataron que, a más de ocho meses de su captura, se han cometido de manera sistemática abusos y atropellos a sus derechos. Ejemplificaron que el presidente de comunidad fue privado de su libertad por espacio de varias horas al interior de la presidencia municipal, hasta que personal de la Procuraduría General de Justicia procedió a su aseguramiento.

En cuanto al mayordomo, indicaron que no tuvo ningún tipo de participación en el hecho violento registrado el pasado viernes santo de 2022, y no obstante fue implicado en ese asunto sólo por participar en una protesta realizada al exterior de la PGJE. Por ello, consideraron que ambas personas fueron utilizados como chivos exploratorios por las autoridades para intentar frenar los casos de linchamiento.

Dijeron que, de manera intencional, se han aplazado las audiencias, de tal manera que desconocen el desarrollo de la audiencia intermedia.

Recordaron que el día del linchamiento, a la comunidad acudieron más de 150 elementos de policía y sus mandos, quienes fueron omisos en su labor y se limitaron a atestiguar el actuar de un grupo de personas que quiso aleccionar al presunto delincuente. Acotaron que uno de los posibles autores materiales habría fallecido hace algunos meses.

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