México es una República federal. Esa no es una frase de manual escolar: es la cicatriz de casi medio siglo de guerra civil y debate político que atravesó el país entero durante el siglo XIX. Federalistas y centralistas se disputaron el alma del Estado mexicano durante décadas, y la respuesta que finalmente se impuso —inscrita en la Constitución de 1857 y consolidada en la de 1917— fue inequívoca: este país se gobierna desde los municipios, los estados y la federación, cada uno dentro de su propia esfera de competencia. Ese es el pacto federal. No es un adorno constitucional ni una declaración de principios: es el fundamento sobre el que descansa la arquitectura jurídica y política de la nación.

El municipio de Contla de Juan Cuamatzi, en Tlaxcala, se ha convertido en los últimos meses en un caso que pone a prueba ese pacto con una intensidad poco común. Lo que en apariencia parece un conflicto político local encierra, en el fondo, preguntas que importan a cualquier ciudadano: ¿puede un Congreso estatal fiscalizar recursos federales que administra un municipio sin tener la competencia para ello? ¿Puede destituir a un cabildo entero cuando la Suprema Corte ya ordenó que se detuviera? ¿Y que consecuencias reales tendra desacatar a la Corte? Las respuestas son incómodas, pero el debate constitucional exige formularlas con claridad.

El primer frente: fiscalizar lo que no te corresponde

La primera controversia —resuelta por unanimidad en abril de 2026 mediante la Controversia Constitucional 245/2025— exponen un vicio de fondo que no admite atenuación: el Congreso de Tlaxcala pretendió revisar los recursos federales ejercidos por el municipio de Contla sin contar con la competencia constitucional para hacerlo.

Los artículos 74, fracción VI, 79 y 116 de la Constitución son precisos: los recursos de origen federal, aunque sean ejercidos por estados y municipios, quedan sujetos al escrutinio exclusivo de la Auditoría Superior de la Federación. Los órganos fiscalizadores locales solo pueden extender su revisión a esos recursos cuando existe un convenio de coordinación con la ASF —instrumento que en el caso de Contla brilló por su ausencia. Luigi Ferrajoli lo explica con precisión en Principia Iuris : las competencias no son prerrogativas maleables por los poderes constituidos, sino límites sustanciales que determinan la validez misma del acto jurídico. Un acto que desborda los confines competenciales asignados por la Constitución no es solo ilegal en sentido formal: carece de legitimación sustancial dentro del Estado constitucional de derecho. En términos más directos: si el Congreso local no tiene la competencia, el acto no tiene validez desde su origen, independientemente de las formas con que se haya revestido.

El segundo frente: destituir cuando la Corte dijo que no

El segundo episodio es, si cabe, más inquietante. El 7 de junio de 2026, el Congreso de Tlaxcala consumó la destitución del cabildo de Contla mediante un juicio político, a pesar de que la Suprema Corte ya había decretado una suspensión en el marco de la Controversia Constitucional 43/2026 y el amparo indirecto 295/2026. Una suspensión es, en términos simples, una orden del máximo tribunal que le dice a la autoridad: distensión, no actúes hasta que resolvamos el fondo. El Congreso actuó de todas formas.

Peter Häberle advierte que el Estado constitucional no se define por la mera existencia de una Constitución escrita, sino por la vinculatoriedad efectiva de sus preceptos frente a todos los poderes del Estado, con énfasis especial en el legislativo. Cuando un Congreso local hace caso omiso de una orden cautelar de la Suprema Corte, no incurre en una irregularidad adjetiva: niega la supremacía constitucional misma, ese principio que el artículo 133 de la Constitución consagra y que la propia Corte ha reiterado en jurisprudencia firme —entre otras, la Tesis P./J. 142/2001—al sostener que el federalismo mexicano descansa en esferas competenciales de carácter vinculante, no en una mera invitación a la autorrestricción voluntaria de los poderes locales.

El nudo más delicado: ¿eran parte del cabildo los presidentes de comunidad?

La arista jurídicamente más fina del caso es, paradójicamente, la que menos análisis público ha recibido. El juicio político se construyó sobre la premisa de que la destitución de un presidente de comunidad afectaba a un integrante formal del ayuntamiento. Sin embargo, la Suprema Corte ya resolvió esta pregunta en la Controversia Constitucional 38/2019, para el caso específico de Contla: los presidentes de comunidad no forman parte del cabildo.

Si ese criterio —que cuenta con la autoridad de la cosa juzgada— se mantiene incólume, el fundamento del juicio político se desmorona desde su génesis. En términos de teoría procesal constitucional, nos encontraríamos ante lo que Ferrer Mac-Gregor y Sánchez Gil denominan una nulidad de origen por ausencia del presupuesto subjetivo habilitante: no un vicio de forma subsanable, sino la inexistencia del supuesto que legitimaba el ejercicio de la potestad sancionadora. Toda la actuación del Congreso quedaría privada de eficacia jurídica desde el principio.

La teoría jurídica lo conoce con una imagen que resulta aquí especialmente elocuente: la doctrina del fruto del árbol envenenado. Si el acto que dio origen al procedimiento era inválido desde su raíz —ya sea por incompetencia fiscal o por ausencia del presupuesto subjetivo del juicio político— entonces todo lo que brotó de él comparte esa invalidez. No hay forma de sanar el fruto cuando el árbol que lo produjo nunca tuvo sustento constitucional. Lo que el Congreso de Tlaxcala cosechó el 7 de junio no fue el resultado legítimo de un procedimiento de control: fue la consecuencia de un proceso que nació viciado y que, en cada etapa, profundizó ese vicio en lugar de corregirlo.

La pregunta que nadie quiere responder: ¿qué pasa si se desobedece a la Corte?

Aquí el análisis debe ser honesto, aunque el resultado sea incómodo. Si un Congreso local incumple una medida cautelar de la Suprema Corte, ¿qué consecuencias enfrenta en la realidad?

La respuesta es que las consecuencias son limitadas. No existe un mecanismo coercitivo directo e inmediato que obligue al Congreso a revertir lo accionado. El incumplimiento de una suspensión en una controversia constitucional o en un amparo no constituye un delito federal —aunque quienes lo consuman sean legisladoras o legisladores. La Corte puede imponer medidas de apremio, puede declarar la nulidad de los actos realizados en desacato y ordenar la restitución; pero ejecutar esas decisiones cuando quien las incumple es un poder del Estado es, en la práctica, un proceso lento y políticamente complejo. Esa es la laguna que el caso Contla deja al descubierto: el sistema constitucional mexicano tiene herramientas para declarar la inconstitucionalidad de los actos del poder, pero sus mecanismos para hacerlos cumplir de manera efectiva e inmediata son insuficientes. El federalismo no puede descansar únicamente en la buena fe de quien ejerce el poder. Necesita consecuencias reales.

Lo que el caso nos deja

El artículo 115 constitucional, reformado en 1999, fue una respuesta histórica a exactamente este tipo de intromisiones: garantizó a los municipios personalidad jurídica propia, patrimonio diferenciado y un catálogo de competencias que los congresos locales no pueden reducir bajo pretexto de fiscalización o control político. Miguel Carbonell lo documentó con precisión: esa reforma fue una respuesta deliberada frente a décadas de subordinación de facto de los municipios ante los congresos estatales.

La Suprema Corte ha mostrado, al menos en el plano cautelar, la templanza institucional que el momento exige. La resolución de fondo será el verdadero examen del federalismo mexicano: determinará si la distribución competencial constitucional es un sistema normativo con eficacia real, o si es, en los hechos, una promesa que se cumple solo cuando no incomoda a quienes detentan el poder.

El pacto federal que nos costó casi medio siglo construir merece algo más que eso. Merece, sobre todo, que quienes tienen el encargo de custodiarlo no sean los primeros en vulnerarlo. Porque cuando un poder del Estado desacata al órgano que interpreta la Constitución, no solo lesiona a un municipio ni a un cabildo: erosiona la confianza colectiva en que las reglas del juego democrático tienen vigencia real y no meramente declarativa. Y esa erosión, silenciosa pero profunda, es la más costosa de todas las formas de daño institucional. No deja heridas visibles. Deja ciudadanos que dejan de creer.

Noé Juárez Delgadillo

Columna de análisis

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