El conflicto interno por la Presidencia del organismo autónomo continúa y los señalamientos escalan, nadie cede.

La continuidad del conflicto interno en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala  ya genera incertidumbre laboral entre los 28 trabajadores que conforman la plantilla laboral  de ese organismo autónomo, pues algunos no están seguros de que recibirán la segunda quincena de febrero y otros están sometidos a presiones.

Y es que, mientras el Comisionado David Cabrera Canales advirtió que está en riesgo el pago de nómina porque quien fuera Director de Desarrollo Administrativo, Mauricio Cisneros Cruz, ha abandonado su trabajo desde hace una semana, la Comisionada Marlene Alonso Meneses sostuvo que no es así, puesto que a ella le corresponde la administración de los recursos financieros y velar porque a todos se les pague puntualmente.

En medio de señalamientos mutuos y entrevistados por separado este martes, Alonso Meneses informó que el Ministerio Público ya acudió a levantar la información correspondiente en torno al cambio de chapas de oficinas que de manera “ilegal y de forma unilateral” realizaron sus homólogos David Cabrera y Francisco Morones Servín el lunes, para actuar en consecuencia.

Además, acusó que sus compañeros han amedrentado a por lo menos siete personas de distintas áreas, a las que incluso les han cerrado sus espacios de trabajo e incluso les han pedido la dirección de sus domicilios particulares “no sé con qué fin”, y no ha cuidado las instalaciones, con lo que han generado una crisis por querer ostentar una Presidencia ilegal.

Subrayó que los Decretos emitidos por el Congreso donde la designado Comisionada y Presidenta por tres años del órgano autónomo siguen firmes.

Por su parte, Cabrera Canales responsabilizó a Marlene Alonso de la parálisis de la institución que a nueve semanas del año solo ha sesionado en cuatro ocasiones, afectando con ello el derecho humano de acceso a la información pública.

Anunció que además de que va a presentar una denuncia por nepotismo, ya prepara una solicitud de juicio político en contra de la Comisionada ante el Congreso local, por obstruir el derecho a la transparencia con las omisiones y arbitrariedades cometidas al interior del Consejo General.

En ese tenor, se dijo consciente de que igual y los diputados deciden destituir a los tres Comisionados “y si el problema soy yo, estoy dispuesto a irme”, pero recalcó una vez más que las decisiones tomadas en el seno del IAIP-TLAX están dotadas de autonomía constitucional, las cuales en todo caso solo se pueden atacar por la vía judicial federal.