En el marco de su primer año de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. El objetivo es devolver este vital líquido como recurso de la nación y que su acceso sea un derecho para todas las personas.

La Constitución Política federal establece que el agua es un recurso de la nación. De hecho, el artículo 27 precisa que la nación tiene el derecho de regular el uso, distribución y conservación de los recursos hídricos, y cualquier uso que exceda estos derechos requiere una concesión otorgada por el gobierno federal.

Recordemos que, en 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente, fue reformada la Ley de Aguas para convertir las concesiones de agua en una mercancía, hacerla transmisible y vendible por privados y entre privados. Esta situación generó un descontrol en las concesiones porque muchas veces los particulares ni siquiera avisaban a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y ni siquiera había control de cuánta agua realmente estaba utilizando la concesión.

Sin embargo, aunque el agua puede ser concesionada, su uso debe estar regulado para garantizar su equidad. En ese sentido, la iniciativa presidencial respecto de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, plantea desaparecer el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares y propone modificar las reglas aplicables a la determinación del pago de la cuota de garantía, en aras de erradicar prácticas de acaparamiento.

Lo anterior implica fortalecer el procedimiento para detectar usos irregulares del agua y el incumplimiento de obligaciones, así como el régimen de sanciones para inhibir ese tipo de conductas. Es decir, se incluirá un catálogo de delitos hídricos.

¿Qué implica lo anterior? Que el Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua. Más claro: se devolverá el agua como recurso de la nación.

En el caso de la propuesta para expedir la Ley General de Aguas, la iniciativa plantea delinear las acciones y atribuciones que deben asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno (federación, estados y municipios) para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico.

Lo que se pretende es sentar las bases y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, así como su interdependencia con otros derechos fundamentales de la persona.

Debe destacarse el hecho de que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum incluye un apartado dedicado a fomentar la cultura del agua, a través de la cual se busca generar conciencia sobre la importancia que ésta tiene para la vida y la dignidad de las personas, a fin de promover el uso racional y eficaz de este recurso, al mismo tiempo de fomentar una mayor participación social para su conservación.

Ahora bien, debe subrayarse que la iniciativa hace un pleno reconocimiento de los sistemas comunitarios de aguas, que no son otra cosa que organizaciones locales cuyo fin es garantizar el acceso a agua segura y limpia en su localidad.

Lo anterior es de vital importancia porque estos sistemas comunitarios se basan en la organización social para administrar, distribuir y hacer uso del agua, lo cual es crucial para las zonas rurales y comunidades vulnerables.

Ya en noviembre de 2023, en la inauguración del foro denominado “Potencial de la infraestructura verde” realizado en el Senado de la República, subrayé que México requería garantizar el derecho humano a este recurso vital, por lo que en la Cámara Senatorial el tema debía ser prioridad.

En ese sentido, es una gran noticia que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya enviado a la Cámara de Diputados esta iniciativa. En su momento, una vez que llegue al Senado, la propuesta seguramente encontrará un eco positivo y será bien recibida.

Ana Lilia Rivera Rivera

Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala