A dos meses de la extinción formal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), cerca de 40 ex trabajadores enfrentan una situación de indefensión legal y económica, al no haber recibido el pago de sus prestaciones ni los finiquitos que les corresponden por ley.

Los afectados denunciaron que esta omisión representa una violación a sus derechos laborales y humanos, al dejarles sin seguridad social ni estabilidad financiera. Uno de los casos más graves, externaron, es el de una ex trabajadora que atraviesa las últimas semanas de embarazo sin acceso a servicios médicos, lo que calificaron como un acto de violencia laboral y de género.

Señalaron directamente al ex presidente del IAIP, Arturo de Casa Vega, por su falta de compromiso con la plantilla laboral. Aunque en su momento afirmó que defendería los derechos de los trabajadores y que incluso habría regresado cerca de 2 millones de pesos al gobierno estatal para cubrir los finiquitos, los exempleados lo acusan de omisión y abandono. Criticaron también que, tras la disolución del organismo, De Casa Vega fue contratado en una dependencia estatal vinculada al medio ambiente, lo que consideraron una muestra de los privilegios políticos a los que algunos funcionarios aún acceden.

Asimismo, responsabilizaron al secretario de Finanzas del estado, David Álvarez Ochoa, por no garantizar la transferencia y aplicación de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones laborales derivadas de la extinción del instituto.

Los denunciantes enfatizaron que el problema no es únicamente administrativo, sino una violación sistemática de derechos. “No es solo la falta de pago; es la marginación institucional de quienes sostuvimos el funcionamiento del IAIP”, señalaron.

Recordaron que la Ley Federal del Trabajo establece que, en casos de disolución de organismos públicos, los empleados deben recibir sueldos pendientes, prestaciones proporcionales, prima de antigüedad y demás beneficios. Hasta el momento, afirmaron, ninguna de estas obligaciones ha sido cumplida.

Finalmente, hicieron un llamado urgente al Congreso del Estado y a los organismos defensores de derechos humanos para intervenir y resolver lo que consideran una injusticia flagrante. “El gobierno que justificó la desaparición del IAIP bajo el discurso de modernización ahora mantiene en el abandono a quienes hicieron posible su operación. Exigimos el cumplimiento de la ley y el respeto a nuestros derechos laborales”, concluyeron. (Imagen: Archivo)