En política, la crítica es necesaria; la descalificación, en cambio, suele ser síntoma de algo más profundo: cálculo, fractura o desesperación. Las recientes declaraciones de Ana Lilia Rivera contra los poderes del Estado en Tlaxcala cruzan esa línea con una facilidad preocupante.

No es menor acusar que el Legislativo “obedece” y que el Judicial “se arrastra”. Ese lenguaje no sólo erosiona la legitimidad de instituciones completas; también trivializa el voto ciudadano que les dio origen. Si todo está sometido, entonces nada vale. Y ese es un mensaje peligroso, sobre todo viniendo de quien forma parte del mismo entramado político que hoy cuestiona.

Hay, además, una contradicción de fondo. El Poder Judicial que hoy se denuesta es resultado de transformaciones impulsadas por el propio proyecto político al que pertenece Rivera, encabezado ahora por Claudia Sheinbaum Pardo. Descalificarlo sin matices es, en los hechos, dinamitar una de sus banderas más recientes.

Pero más allá de la coherencia, lo que está en juego es el tono. En vísperas de definiciones electorales, apostar por la confrontación interna no fortalece liderazgos; los exhibe. Quien aspira a gobernar no puede permitirse el lujo de despreciar a los otros poderes sin pruebas sólidas, porque gobernar implica precisamente lo contrario: reconocerlos, dialogar con ellos y, cuando sea necesario, confrontarlos con responsabilidad, no con adjetivos.

Tlaxcala no necesita más ruido, sino claridad. Y la claridad empieza por entender que la crítica que construye no es la que grita más fuerte, sino la que demuestra mejor.