Resuelve INE 491 quejas en materia de fiscalización
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Nunca
en la historia de la democracia mexicana se habían fiscalizado tantas campañas:
Lorenzo Córdova
Al
resolver 491 quejas y procedimientos administrativos sancionadores, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sanciones por un monto
global de 129.8 millones de pesos a los partidos políticos y sus candidaturas
por diversas conductas indebidas en materia de fiscalización, de los cuales
40.9 millones de pesos se impusieron al Verde Ecologista de México y más de 83
millones de pesos a Movimiento Ciudadano.
En
sesión extraordinaria, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, subrayó que nunca
en la historia de la democracia mexicana se habían fiscalizado tantas campañas,
de las cuales derivan diversas sanciones.
Llamó
a las fuerzas políticas “a erradicar esas trampas administrativas” y a que “con
nuevas prácticas contables, proselitistas y financieras puedan contribuir a la
sustentabilidad de la democracia en los próximos años”.
Lamentó
que, pese a que se han invertido recursos para capacitar a partidos políticos
para que erradiquen conductas que impiden la transparencia y la rendición de cuentas,
“siguen queriendo engañar a la autoridad electoral y mentirle a la sociedad
mexicana.”
La
presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela Herrera, señaló que se
analizaron 491 proyectos de quejas y procedimientos administrativos sancionadores,
319 fueron infundados, 53 desechados, 24 sobreseídos, cuatro parcialmente infundados-sobreseídos;
55 parcialmente fundados y 43 fundados al acreditarse que los partidos
políticos no reportaron los gastos, imponiéndose en cada caso la sanción
correspondiente.
Sanción a MC por 80.2 millones de pesos y su candidato a
gobernador Samuel García
Entre
las quejas que se analizaron, la autoridad electoral impuso sanciones por más
de 80 millones de pesos a Movimiento Ciudadano, así como al gobernador electo de
Nuevo León, Samuel García, por 448 mil 996 pesos.
En un
primer caso, el Consejo General del INE determinó que hubo aportaciones en
especie a través de publicaciones en redes sociales de Mariana Rodríguez Cantú
(esposa del entonces candidato), estimadas en 27 millones 800 mil pesos.
Y en
el segundo, acreditó que la campaña del abanderado de Movimiento Ciudadano
recibió 14 millones 026 mil 500 pesos de dinero prohibido por la ley,
aportaciones de empresas a través de Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, Silvia
Catalina García Sepúlveda y Roberto García Sepúlveda.
La
sanción a Movimiento Ciudadano es de 55 millones 720 mil pesos y al hoy
gobernador Samuel García de 448 mil 996 pesos y por las aportaciones en
efectivo de sus familiares se impone al partido una multa de 28.05 millones de
pesos que representan el 200 por ciento del monto involucrado.
Publicaciones
de Mariana Rodríguez son aportaciones de ente prohibido
La
Consejera Favela precisó que, en el caso de Mariana Rodríguez, esposa del
candidato, además de influencer, tiene la calidad de persona con actividad
empresarial, su nombre está registrado como “marca” y comercializa sus
historias en Instagram, con lo que está impedida de realizar aportaciones a la
campaña “en dinero y en especie”.
Agregó
que se consideró que 1,300 publicaciones y 40 fotografías en Instagram
generaron beneficio al candidato, haciendo llamados al voto en su favor, promovió
y abanderó propuestas de gobierno, además de que “hizo suya la campaña”, lo que
generó una situación contraria a la espontaneidad en las redes sociales que no
puede estar amparada por la libre expresión.
En el
caso de la triangulación de recursos, “se acreditó una estrategia financiera
que involucró a tres personas morales, a los familiares del candidato y al
partido Movimiento Ciudadano con la finalidad de triangular recursos para que a
través de testaferros pudieran realizarse aportaciones personales con recursos
que provenían de entes prohibidos por la legislación electoral”, agregó Favela.
La
Consejera agradeció la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria (CNBV) y
de Valores, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) por la disposición de brindar la información esencial para
dilucidar la presente controversia.
El
Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, se refirió al caso de las publicaciones
en redes sociales de Mariana Rodríguez en favor de Samuel García y precisó que el
objeto de la discusión es si se trata o no de una aportación en especie que
debía reportarse y si proviene de un ente prohibido por la legislación
electoral, “no si hay una relación de parentesco, afectiva o de solidaridad entre
las dos personas”.
Recordó
que el artículo 105 del Reglamento de Fiscalización establece que quienes no
pueden hacer aportaciones gratuitas en especie son las personas que tengan
actividades mercantiles o profesionales otorgadas de manera gratuita.
El Consejero
Ciro Murayama aseguró que la relación personal no es parte de la ley electoral,
por lo que debe quedar fuera de la discusión, ya que el propio Reglamento de
Fiscalización establece con claridad la imposibilidad de que una persona con
actividad empresarial aporte a la campaña su negocio, por lo que el candidato
estaba obligado a reportar y contabilizar estas aportaciones.
No
cuantificar el apoyo de la esposa del candidato sería atentar contra el
principio de equidad en las contiendas, sostuvo la Consejera Claudia Zavala, “no
se trata de cuestiones de afecto, ni de amor, ni de solidaridad, ni de
relaciones maritales, este asunto tiene que ver con las reglas de fiscalización
para campaña”.
Enseguida,
la Consejera Carla Humphrey recordó que el motivo de la queja es sobre las
aportaciones en dinero o en especie: “el debate jurídico se trata de determinar
primero, si una persona física con actividad empresarial puede o no aportar
dinero en recursos o en especie a un partido político, y la respuesta que
señala nuestro reglamento es que no”.
No acompañan el proyecto
El
Consejero José Roberto Ruiz no acompañó el sentido del proyecto pues, desde su
perspectiva, es “entendible y esperable” por parte de una esposa apoyar a su
pareja, no se da cuenta de lo que conlleva la figura e institución del
matrimonio y sólo se da el estatus de marca a la persona.
Tampoco
acompañó el proyecto de resolución la Consejera Dania Ravel, quien recordó la
sentencia del Tribunal Electoral que en 2018 determinó que no había manera de
calcular un monto de costo-beneficio entre Samuel García y Mariana Rodríguez,
al asumirse como pareja. Pedirle un comportamiento distinto a la esposa del
antes candidato, “implicaría una limitante a la libertad de expresión”,
aseguró.
Se advierte
triangulación orquestada de recursos de entes prohibidos que recibe MC
Respecto
a las aportaciones en dinero que recibió Movimiento Ciudadano de tres
familiares en primer grado de su candidato Samuel García, el Consejero Jaime
Rivera detalló que las indagaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización
acreditaron que los 14 millones de pesos
“lo recibieron previamente un día antes, o el mismo día, de dos empresas Firma Jurídica
y Fiscal Abogados, y SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, por lo que es claro que
dicho dinero no proviene del peculio de los ciudadanos aportantes, sino de
sociedades mercantiles, entes que tienen prohibido donar dinero a los partidos
políticos”.
Se
trata, dijo, de un esquema de simulación o triangulación para financiar a un
partido por parte de entes prohibidos por la ley.
La
Consejera Carla Humphrey expresó que acompañaría el proyecto “porque denota la
organización de un modelo de financiamiento ilegal, simulando aportaciones
lícitas a través de personas físicas, cuando las aportaciones tienen su origen
en personas de carácter mercantil” que son entes prohibidos en la ley electoral;
sin embargo, anunció la emisión de un voto concurrente, pues consideró que el
proyecto no era suficientemente exhaustivo al no resolver sobre el destino de
los recursos obtenidos a través de la triangulación acreditada.
Sancionan al PVEM con multa de 40 millones 933 mil 568
pesos
En el
caso de una queja en contra del Partido Verde Ecologista de México, se le sancionó
con una multa de 40 millones 933 mil 568 pesos y con la interrupción de la
transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita dentro del
tiempo federal asignado por el Instituto, por el periodo de un año, a partir
del mes de agosto, por la campaña publicitaria a través de 104 personas
denominadas influencers el día de la Jornada Electoral.
Se
acreditó que los influencers fueron contratados por el partido a través de
empresas y que se trató de una campaña propagandística con el objetivo de
influir en el ánimo de los electores a favor del PVEM en plena veda electoral.
“Se
arriba a la conclusión de que existió una acción concertada o planeada con un
fin específico que es el de influir e influenciar el voto de la ciudadanía a
favor del partido, lo que se hizo a través de acciones que denotan
sistematicidad en la difusión de esa campaña propagandística a través de
influencers en las mismas fechas y horarios”, especificó la Consejera Favela.
Se
cuantificó cada intervención de los influencers en 10 mil dólares, lo que se
traduce en una aportación de más de 20.4 millones de pesos como monto
involucrado.
Al
respecto, la Consejera Claudia Zavala aseveró que “el Partido Verde es
reincidente en el fraude atípico, en el fraude a la ley”, por lo que justificó
la severidad de la sanción. “Tenemos la reincidencia en la generación de un
esquema simulado para posicionar al Verde en un tiempo prohibido, en aplicar
gastos para generar un beneficio”, abundó.
El
Consejero José Roberto Ruiz consideró que la sanción debe ser severa, la
económica es la adecuada, pero no encontró “ningún sentido, justificación o sustento
a la suspensión de las prerrogativas en radio y televisión”.
El
Consejero Martín Faz sugirió una modificación del proyecto para referirse al
“periodo ordinario”, en lugar del “tiempo federal asignado” en la sanción del
proyecto.
La
Consejera Dania Ravel destacó la importancia del periodo de reflexión, también
conocido como veda electoral, pues su finalidad consiste en “generar
condiciones suficientes para que la ciudadanía procese la información recibida
durante las campañas electorales y reflexione el sentido de su voto”, al no
respetarse este periodo se puso en riesgo la equidad en la contienda.
Asimismo
y, a propuesta del Consejero Ciro Murayama, se avaló por nueve votos a favor y
dos en contra, regresar una queja en materia de fiscalización en contra de la
coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada por los
partidos Verde Ecologista de México y
del Trabajo y su otrora candidato a la gubernatura de San Luis Potosí,
José Ricardo Gallardo Cardona, a fin de no escindir la causa de dos quejas más en
contra de la misma persona y cuyas investigaciones no se han concluido, para
que sean analizadas en conjunto y se amplíen las indagatorias.
concluido,
para que sean analizadas en conjunto y se amplíen las indagatorias.
Por su
parte, la Consejera Carla Humphrey manifestó estar de acuerdo con el proyecto y
la propuesta de dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales,
pues consideró que con las conductas denunciadas se ponía de manifiesto una
estrategia propaganda a favor de un partido político en clara contravención a
la ley, de la cual ya había antecedentes, aunado a que las conductas podrían
ser constitutivas de delitos.
Destacó
el apego de los influencers a una guía o procedimiento en cuanto a sus
publicaciones y en las respuestas brindadas a la autoridad, las cuales
guardaban alto grado de similitud.
Reconocen
trabajo de la UTF
Adriana
Favela agradeció a la Unidad Técnica de Fiscalización su compromiso y trabajo
en la resolución de estos asuntos, así como a todas las personas asesoras de
las consejerías, de la Secretaría Ejecutiva y de la Presidencia del Consejo
General por todo el apoyo para realizar el análisis de los proyectos y formular
las observaciones o fortalecer la argumentación.
La
Consejera Norma De la Cruz y los consejeros José Roberto Ruiz y Jaime Rivera,
así como representantes de partidos políticos reconocieron también el trabajo
realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización y de la misma Comisión.
“La
tarea de fiscalizar no es menor y lleva a la autoridad a enfrentarse con
diversas incidencias que debe atender y resolver contra reloj con la mayor
diligencia, objetividad e imparcialidad”, destacó De la Cruz.
Se
trata, dijo el Consejero Rivera, de una tarea que “involucra un número enorme
de casos, de información y de circunstancias que tienen que analizar para
resolver”.
“Es
justo hacer un reconocimiento por los trabajos realizados con el máximo
profesionalismo”, aseguró. Rivera también reconoció a los cientos de
funcionarios del INE que participaron en el análisis y la resolución de estos
casos, que se realizó con “imparcialidad, objetividad y garantizando el derecho
de audiencia.”
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