La historia de Nasario Gadivai Godínez y su familia es digna de película de acción, terror, drama y muerte, pero sin que –al menos hasta ahora- haya tenido un final feliz, porque policías estatales de Colima y uniformados a los que él identifica como miembros de la Secretaría de Marina (Semar) comenzaron a hostigarlo el 11 de noviembre del 2017, amenazaron con sembrarle droga en su negocio de lavado de vehículos llamado “El Güero” en Manzanillo, Colima. 

Le pidieron 200 mil pesos para dejarlo en paz y, como él no se los dio, los presuntos “agentes del orden” mantuvieron presos durante 3 días a su sobrino, Edgar Ruiz Garibay”, y a la esposa del mismo Nasario, Elizabeth Espinosa, a quien manosearon impunemente. Los acusaron de narcomenudeo, pero tuvieron que retirar la denuncia al no poder sustentarla.

Entrevistado vía telefónica por http://desdepuebla.com/, el ciudadano Gadivai Godínez destacó que su negocio de limpieza de autos llevaba más de 20 años en funcionamiento en Manzanillo, Colima, sin problema alguno…hasta que presuntos policías y marinos comenzaron a hostigarlo para que les diera dinero.

La escalada de agresiones orquestadas –según Nasario Gadivai Godínez- por policías estatales de Colima e integrantes de la Semar llegó a su punto álgido el 20 de diciembre del año pasado, cuandod de ese mismo año asesinaron a 2 de sus parientes: a su sobrino Édgar Ruiz Garibay y a su cuñado Oscar Montes Espinosa, quienes trabajaban en el autolavado “El Güero”.

Medios nacionales y locales, como Proceso y Quadratín, informaron sobre la masacre contra la familia de Nasario e hicieron público que, desde ese entonces, nadie ha sido acusado del doble homicidio:  https://www.proceso.com.mx/515884/ataque-armado-en-autolavado-de-manzanillo-deja-dos-muertos-y-un-herido y https://colima.quadratin.com.mx/justicia/balacera-autolavado-guero-deja-dos-muertos-herido/.

“Yo estaba en la oficina del presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CEDH) en Colima, Hermilo Flores Arias, cuando me informaron que mi sobrino y mi cuñado habían sido asesinados”, narró Nasario, quien añadió que uno de los elementos con los que quisieron extorsionarlo fue porque él poseía armas y cartuchos en su negocio.

Pero él contaba con los permisos necesarios de la Sedena para la transportación de armas NO CARGADAS en 10 estados del país, ya que era parte de un club de aficionados a este tipo de elementos. De hecho, de lo que le acusaron los militares y gendarmes era de tener más cartuchos de lo permitido, lo que tampoco era cierto.   

No interpuso denuncia ante la PGJ de Colima, debido a que su abogado, Roberto Chapula Rincón, le recomendó no hacerlo ante la evidencia creciente de que “gente del gobierno estatal o federal estaba detrás de los ataques y asesinatos”, relató Gadivai Godínez, quien colocó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos la queja que recibió el número CNDH-2-2017-9102-Q.

Incluso, su abogado le sugirió esperar hasta el 1ro de diciembre, cuando se concrete el relevo en la Presidencia de la República, para interponer la querella legal. Lo cierto es que, al menos hasta ahora, las Procuradurías General de Justicia (PGJ) colimense, General de la República (PGR) y las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos (CEDH y CNDH) no han defendido a Nasario ni a su familia.

Un amigo de él, a quien le permitía vender comida en el autolavado, colocó varios escritos y quejas en diversas, como la PGR, la Semar y la secretaría de la Función Pública (SFP), para denunciar todo lo que estaba ocurriendo en Manzanillo, Colima.

En la PGR el texto tiene el número CEDAC-007863-2018-01, en la Secretaría de Marina el oficio es el 1126 2017 expediente DE21-17 y en la SFP el folio del caso es el 80887-2017 clave 3818966…sin que el acoso de las autoridades contra la familia de Nazario haya cesado, porque en días pasados otro pariente suyo, el suegro de su cuñada, fue fracturado del rostro y las costillas por presuntos policías estatales, quienes le dieron una semana “para que te largues de Colima con toda tu gente…o te va a ir peor”, le advirtieron.

Hoy, Nasario y su familia ya no están en Manzanillo, tuvieron que abandonar su negocio, casa, etc, los hijos dejaron de ir a la escuela y se convirtieron en desplazados para huir de la violencia que el propio Estado generó contra ellos o, cuando menos, que los diferentes niveles de gobierno no han sabido combatir o frenar. 

De acuerdo a un documento de la CNDH firmado por Ana Laura Velázquez Moreno, cada vez son más los mexicanos que se convierten en desplazados en su propio país, mientras los diversos niveles de gobierno son incapaces de brindar seguridad o aminorar la ola de violencia y muerte que sacude a México desde el 2007: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r37820.pdf.

Al respecto, mientras el gobierno mexicano dice que “solamente” hay 35 mil desplazados en el país, ONGS y expertos advierten que son más de 300 mil las personas que, como Nasario y su gente, tuvieron que abandonar todo para no ser asesinados por comandos…como el que el 20 de diciembre del año pasado mató a Édgar Ruiz y a Oscar Montes Espinosa:https://www.telesurtv.net/news/Por-que-huyen-Mexico-tiene-mas-de-300-mil-desplazados-20171115-0020.html.

Cuando le pregunté a Nasario a qué podría deberse el inicio de la persecución en su contra, respondió que, poco antes de que comenzara el acoso, 2 mujeres del club de tiro en el que estaba dijeron contar con influencias importantes en la Sedena y ofrecieron conseguir a todos un permiso para poder transportar ARMAS EQUIPADAS con 2 cargadores a cambio de 150 mil pesos.

Él dio el anticipo de 75 mil pesos para poder acceder a dicho papel, pero después investigó y descubrió que lo que le ofrecían no tenía ninguna validez y se negó a cubrir la cantidad restante. En esa ocasión sí acudió al Ministerio Público a colocar la denuncia por el fraude del que había sido víctima y fue el momento en que comenzó la pesadilla para su familia.

Ante la falta de protección de las autoridades estatales y federales mexicanas y la evidente inacción de la CEDH de Colima y de la propia CNDH, Nasario Gadivai Godínez recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde interpuso la querella CIDH-MC-257-18. Le han dicho que en 2 semanas se podría emitir una recomendación a su favor. 

Sin embargo, hasta ahora, ninguna autoridad judicial, gubernamental u organismo nacional o internacional protector de las garantías individuales lo ha ayudado para hacer encarcelar a quienes asesinaron a sus familiares o para que él y su familia regresen a su casa y negocio en Manzanillo, Colima.

Lo dicho…la de Nasario es una historia de película de verdadero terror.