Miembros del Núcleo Comunal San Bernabé, del municipio de Amaxac de Guerrero, denunciaron una serie de irregularidades por parte del Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Cruz Crescenciano Espinoza Guarneros, y ante ello demandaron la intervención real de la representación en Tlaxcala de instancias como la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional y del Tribunal Unitario Agrario.

En conferencia de prensa, acusaron que Espinoza Guarneros no ha rendido cuentas con relación a la explotación que ha realizado de una cantera de material pétreo (tezontle y tepetate), por lo cual estiman se han obtenido recursos por el orden de entre 9 y 11 millones de pesos.

“De esto hacemos también responsable al Comité de Vigilancia, encabezado por el Sr. Tomás Hernández López, y a una presunta comisión que, abusando de un poder notarial y utilizando firmas de actas, avalaron su nombramiento. Esto es un robo en despoblado, un fraude”, manifestaron.

Relataron que, después de meses de exigir información, la semana pasada las autoridades agrarias en la entidad les dieron a conocer que sí reconocen a Espinoza Guarneros como Comisariado de Bienes Comunales, a pesar de que hubo omisiones por parte de la Procuraduría Agraria.

“Para tapar sus fallas, la Procuraduría Agraria en Tlaxcala resolvió hacer otra acta de asamblea cambiando fechas y permitiendo cambiar nombres de planillas originales porque hubo dos decesos sin hacer asamblea, utilizando las firmas anteriores. Esto que sucede es grave”, añadieron.

Dijeron que, además de ostentar el cargo de Comisariado de Bienes Comunales, Espinoza Guarneros “asumió las funciones de tesorero y dispuso de forma ilegítima” durante los últimos dos años de los recursos obtenidos por la explotación de la mina, “utilizando de mala fe las firmas de asamblea”.

“Hemos solicitado a las empresas de Texcoco y Tlaxcala que hicieron contratos de palabra con el Comisariado que nos informen sobre la extracción de pétreos. Sabemos que la empresa de Texcoco extrajo 14 mil viajes y la otra 7 mil 994, cada uno con un costo de 500 pesos. Al margen de la ley, el presidente del Comisariado llevó a cabo contratos de palabra con las empresas explotadoras de pétreos, y no hay registro hacendario alguno”, argumentaron.

Lamentaron que, ante esto, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional en la entidad guarden silencio y, pese a las solicitudes por escrito, no hayan resuelto nada y continúen “dando su aval a los actos cometidos por el presunto Comisariado de Bienes Comunales”.

Por si fuera poco, señalaron que Espinoza Guarneros reabrió un proceso jurídico de indemnización de la explotación de la cantera por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 5.3 hectáreas y al tenerse un error en el juicio ahora enfrentan la expropiación de 53 hectáreas de un total de 88 que conforman el polígono comunal.

Afirmaron que, debido a que los representantes en el estado de las instancias agrarias han hecho caso omiso, recurrieron a las oficinas centrales y a la misma Presidencia de la República, donde sí han sido escuchados. Fue así, sostuvieron, que “las instancias locales voltearon a vernos”.

Acotaron que están iniciando procesos civiles y penales porque no reconocerán lo actuado por “el presunto Comisariado”.

En la conferencia de prensa ofrecida este lunes estuvieron presentes los comuneros Gloria Hernández Hernández, Donato Cortés Hernández, Senorino Vázquez Hernández, Santiago Pérez Hernández, Isabel Molina Villegas, Candelario Campos Hernández, Virginia Hernández Molina, Andrea Molina Hernández, Alberto Hernández Molina y Laura Josefina Santiago Hernández.

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