Padres de familia protestaron este jueves en contra de docentes de la primaria Miguel Hidalgo, ubicada en el barrio de Santa Cruz Matlacahucan, en el municipio de Tetlanohcan, por presunta agresión, bullying, acoso y violencia en contra de los alumnos.

Minutos antes de las 08:00 horas, decenas de padres de familia se apostaron en el exterior de la referida escuela para exigir la reinstalación de cámaras de seguridad en el interior de las aulas, pues a través de ellas se registraron supuestos actos de violencia cometidos por cuatro docentes en contra de los alumnos; sin embargo, el sistema de monitoreo fue retirado.

Los inconformes trataron de tomar las instalaciones, aunque al final desistieron, al tiempo que acusaron que las profesoras señaladas amenazaron con tomar represalias en contra de los alumnos, en caso de que continuaran las manifestaciones.

Comentaron que, en días pasados, tras la obtención de recursos públicos para la institución a través del programa “La escuela es nuestra”, se determinó la compra de equipo tecnológico para las aulas, consistente en pantallas, equipo de cómputo, equipo de audio, entre otros dispositivos, acordándose la compra de cámaras de seguridad para los salones como parte de medidas de prevención del delito.

No obstante, tras la puesta en marcha de las cámaras de vigilancia hace una semana, se hizo registro gráfico de presunta incitación al bullying, omisión ante agresiones entre estudiantes de manera selectiva, e incluso supuestos golpes con objetos, pellizcos y otro tipo de acciones contra los menores, por parte de cuatro mentoras.

La situación detonó la ira de los paterfamilias, quienes de inmediato exigieron solución al problema y la destitución de las presuntas agresoras, eso a la par de que las señaladas buscaban emprender acciones para orillar al retiro de las cámaras, implicando en la situación al supervisor escolar Elesban Zárate Cervantes, y el jefe del sector 03, Eleazar Bello Rivera.

Ambas personas, de acuerdo con los padres, habrían evitado que la situación fuera comunicada a los mandos del sector educativo, lo que, a decir de los quejosos, confirmó una afinidad entre las docentes perpetradoras de la agresión y los directivos, aumentando aún más la molestia de la comunidad escolar.

Sin embargo, dejando de lado las agresiones hacia los estudiantes, se determinó que la permanencia de los implementos electrónicos viola los derechos humanos de los menores de edad violentados, con lo que justificaron la decisión de ordenar el retiro de las cámaras hace unos días.

Finalmente, los padres de familia no lograron ningún acuerdo en torno a la permanencia de las cámaras en el centro educativo ni sobre las supuestas agresiones a los alumnos, con lo que quedó latente la amenaza de tomar el plantel en el transcurso de este viernes.

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