Con la finalidad de reforzar las medidas para combatir el lavado de dinero y la delincuencia organizada, la senadora Minerva Hernández Ramos, del GPPAN, presentó ante el Pleno del Senado dos iniciativas para que el Senado de la República ratifique el nombramiento del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El primer proyecto de decreto busca reformar las leyes Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícitas y la General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El segundo, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Las modificaciones plantean, indicó la integrante de la Comisión de Economía, que el titular de la UIF sea considerado como un empleado superior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que su nombramiento sea ratificado por el Senado de la República.

Se promueve que los titulares de la SHCP y la UIF comparezcan, de manera conjunta, ante comisiones de la Cámara de Diputados para exponer los resultados de la política pública en materia de detección y prevención del lavado de dinero y la recuperación de activos relacionados con hechos de corrupción.

Se busca otorgar autonomía técnica y de gestión a dicha unidad, así como establecer mecanismos de coordinación a nivel nacional, no sólo para que existan reglas comunes en cuanto a la prevención del lavado de dinero, también para que se avance en materia de recuperación de activos.

La Evaluación Nacional de Riesgo de 2016 reconoce que son más de 10 mil millones de dólares que podrían estar involucrados en lavado de activos, cifra que, consolidaría un complejo de delitos como delincuencia organizada, defraudación fiscal y, por supuesto, de corrupción, destacó la integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

De acuerdo al Informe de Evaluación, enero de 2018, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se indica que la PGR no considera como una prioridad la identificación e investigación del lavado de activos.

“La política pública de prevención de lavado de dinero no se ha reflejado en un número importante de condenas en materia penal, de procedimientos de extinción de dominio o de la recuperación o decomiso de los activos producto de las actividades ilícitas, algunas involucradas en hechos de corrupción”, lamentó la senadora Minerva Hernández Ramos.

El proyecto de decreto se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.