Los trabajos operativos de la Policía de Investigación adscrita a la Unidad Especializada para la Investigación del Delito de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) permitieron la captura de Gabriel N.,  por los hechos que la ley señala como delito de trata de personas.

De acuerdo a la denuncia de la afectada, se establece que en 2013 inició una relación sentimental con el imputado, quien posteriormente la obligó a mantener relaciones sexuales con varias personas a cambio de dinero en efectivo en los estados de Morelos, Michoacán, Ciudad de México y Puebla.

Asimismo, el imputado forzó a la misma actividad a las dos hijas de la agraviada, quienes fueron explotadas sexualmente en el municipio de San Pablo del Monte.

Ante esta situación y al sufrir agresiones físicas y verbales constantemente, en febrero de 2018, las víctimas decidieron  interponer la denuncia respectiva en la Procuraduría General de Justicia del Estado, al tiempo que el Agente del Ministerio Público inició la indagatoria correspondiente en contra de Gabriel N.

Por lo anterior, el Representante Social adscrito a la Unidad Especializada para la Investigación del Delito de Trata de Personas, agregó a la Carpeta de Investigación la información recabada por los investigadores, misma que permitió obtener de la autoridad judicial la orden de aprehensión en contra del imputado.

Con el mandamiento judicial correspondiente, los oficiales de la Policía de Investigación implementaron una sigilosa vigilancia en el municipio de San Pablo del Monte, donde Gabriel N., fue capturado y trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala.

De esta manera, durante el desarrollo de la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control dictó la vinculación a proceso por el delito de trata de personas, decretó prisión preventiva oficiosa y otorgó seis meses como plazo de cierre de la investigación complementaria, el cual fenece el 19 de diciembre del año en curso.

Con este tipo de resultados palpables, el Gobierno del Estado marca un avance importante para erradicar conductas de agresión hacia las mujeres, ya que estas acciones son una muestra del compromiso para castigar a las personas involucradas en delitos contra ese sector de la población.