En entrevista, el abogado César Pineda Zárate comentó que los juicios de amparo que promovió contra las fotomultas y que fueron admitidos por los juzgados federales contra el decreto de fecha 15 de diciembre de 2023 emitido por la gobernadora Lorena Cuéllar, no tienen como objetivo burlar la posible contaminación que se pueda provocar al medio ambiente, sino, en su caso, hacerle ver a la autoridad que la imposición de fotomultas a través de radares o cinemómetros se vuelve ilegal.

Explicó que la ciudadania desconoce si en efecto esos dispositivos están debidamente certificados o calibrados para la imposición de multas a través de fotografía, lo que puede llevar a arbitrariedades por su fácil manipulación, toda vez que la autoridad no  puede sustituir la función de un agente de vialidad, por una simple máquina.

Ante ello, consideró que la imposición de fotomultas lejos de ser una medida que proteja al medio ambiente, se trata de una medida que lo único que busca es recaudar dejando en estando de indefensión a los ciudadanos en su economía.

Indicó que si lo que se busca es no contaminar, existen otras medidas diferentes, sin que se tenga la necesidad de que los ciudadanos paguen impuestos disfrazados con el concepto de fotomultas.

En este sentido ejemplificó que una forma de no contaminar sería que los ciudadanos verifiquen sus autos sin pagar un solo peso por dicho concepto, y si sus vehículos no pasan dicha verificación, pues simplemente se les prohíba circular hasta en tanto arreglen sus unidades mecánicamente para encontrarse aptas para recorrer las calles.

Añadió que si dichos vehículos siguen contaminando simplemente deberían ser llevados a un corralón hasta en tanto dejen de contaminar, pero sin que el ciudadano tenga la obligación de desembolsar algún pago por el concepto de verificación.

Insistió en que es ilegal este cobro, ya que aparte de todo dicho decreto no contiene un medio de defensa para que el ciudadano pueda combatir la imposición de las fotomultas.

En otro orden, Pineda Zárate señaló que con los citados juicios de amparo se busca que dicho decreto quede sin efecto por considerarse que se trata de “una porquería antijurídica que lo único que busca hacer es perjudicar el bolsillo de los ciudadanos a costa de una falsa defensa a favor del medio ambiente”.

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