En política, los retrocesos democráticos casi nunca se presentan con nombre y apellido. Llegan envueltos en discursos de “modernización” y “cambios necesarios”, pero con un objetivo claro: concentrar poder y eliminar contrapesos. Eso es lo que significa la llamada Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, creada por el Ejecutivo federal, integrada únicamente por funcionarios y militantes del mismo grupo político que gobierna el país.

No hay un solo representante de la oposición, de la sociedad civil o de las autoridades electorales. Quienes pretenden escribir las nuevas reglas del juego son, al mismo tiempo, jugadores y árbitros. Y todos sabemos lo que eso significa.

Desde la reforma política de 1977 hasta los ajustes de 1990, 1996, 2007 y 2014, los cambios al sistema electoral han sido producto de amplios acuerdos entre partidos, sociedad civil y gobiernos. Esa pluralidad les dio legitimidad y permitió construir instituciones que hoy están bajo amenaza, como el Instituto Nacional Electoral.

El Congreso de la Unión es el único espacio legítimo para discutir una reforma de este calibre. Pretender sustituirlo con una comisión a modo es un acto que vulnera la separación de poderes y abre la puerta a una regresión autoritaria. Una reforma electoral diseñada desde el poder, sin diálogo ni contrapesos, estaría viciada de origen y serviría para debilitar al sistema de partidos y a las instituciones democráticas que tanto trabajo ha costado construir.

No nos oponemos a reformar lo que deba mejorarse. Pero debe hacerse bien: con inclusión, con voces diversas, con participación de expertos, ciudadanos y autoridades electorales. Una reforma que garantice elecciones limpias, que cierre la puerta al crimen organizado, que sancione las prácticas antidemocráticas y que fortalezca la democracia, no que la destruya.

Cualquier intento de imponer cambios unilaterales al sistema electoral será enfrentado con firmeza. México no necesita una democracia a la medida del poder; necesita un sistema electoral a la medida de la ciudadanía.

Ángelo Gutiérrez Hernández

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tlaxcala.